Es fundamental para el estudio del problema de la crisis de trabajo conocer un factor tan elemental e indispensable como es el número de obreros a que alcanza la crisis de trabajo y de aquellas industrias que le producen.
Dentro del estado actual, podía cumplirse un gran cometido con las estadísticas que se confeccionan por el Ministerio de Trabajo, que aparte de su función específica de fabricar leyes sociales, facilitasen estas estadísticas, cuya obra sería perdurable y tan indispensable al mismo tiempo para todo intento de solución de este problema.
Los jurados mixtos tan atacados y combatidos, sólo han podido hacer una obra parcial. Su defecto no reside en los hechos en que fundamentan las críticas de sus detractores, sino en que no han podido realizar una obra de coordinación que evite competencia, basadas en desigualdades de retribución y demás condiciones de trabajo y los efectos de empleo de obreros por menos jornal, que ha agravado en los lugares que existía crisis de trabajo la agudización de este problema.
El estudio estadístico realizado hasta la fecha es tan deficiente que no ofrece ninguna garantía de exactitud.
En estos instantes se ignora cuál es la situación real de paro en cada provincia, en cada industria y, por tanto, en toda España.
Esas cifras que nos sirve el Ministerio de Trabajo sobre el número de parados no son controlables por ningún procedimiento serio. Se trata de cálculos más o menos aproximados, que la mayor parte de las veces proporcionan los secretarios de las federaciones obreras y algunos otros que también proporcionan las organizaciones patronales, los cuales no pueden ser absolutamente veraces, no porque intencionadamente se trate de ocultar la verdad, sino porque ésta se desconozca con certeza.
Tampoco los municipios se han ocupado de este problema creando bolsas de trabajo, por las que obligadamente hubieran de pasar todos los obreros de cada localidad, que además, entre otras razones, tendrían la eficacia de terminar con un procedimiento de admisión al trabajo que crea actualmente abusos e injusticias que deben ser cortados.
Cuando los gobiernos que han intentado paliar este problema no han hecho el estudio previo que exige el conocer el número de parados y las particularidades señaladas, estos intentos están llamados al fracaso.
Aunque alguien suponga que esto no es indispensable en cuanto a su exactitud y basta conocer que el hecho es cierto, sufre un gran error, pues las medidas que aplique pueden caer en desproporción, y ni habrá posibilidades de poder establecer subsidios a los parados, ni de proponer soluciones que, por tratarse del Estado, las únicas que puede realizar se refieren a dos o tres industrias, y quedarán sin ocupación los obreros de otras que estén en paro forzoso, a los que habrá que o repartir subsidios o tenerlos que admitir en oficios diferentes al suyo, con quebranto de su rendimiento.
Además, que si el remedio es para circunstancias especiales y de urgencia y se quiere que tenga carácter permanente, el problema hay que estudiarlo más de fondo, y puesto que en nuestra nación, que está todo por hacer, durante muchos años no tengamos que ocuparnos de este problema, que por exceso de industrialismo se ha creado en otras partes del mundo y en cuyo caso no se encuentra España.
Tampoco es un problema que pueda ser resuelto por la política de manera mezquina y partidista, en la que más que atender a esta necesidad se mire, más que a otra cosa, a obtener la opinión favorable para sostener el crédito político de cada partido.
Por eso lo que precisa no es un ministro de Obras Públicas que reparta el dinero de su departamento con arreglo a su topografía política, sino buscando el efecto de la utilidad como exijan las necesidades del país y compatible con aquellas regiones donde la estadística arroje la demostración de mayor urgencia por remediar el paro.
Si se hubiera estudiado este problema y se tuvieran los datos y los indicios que proporciona una buena estadística, no se habría dado el caso de que un gobierno que dice que tiene interés en resolver el problema del paro y que ha alardeado de tener suficiencia de capacidad para ello, encargase a los gobernadores de cada provincia el examen de este problema, para que éstos le remitieran una relación de las obras que puedan o deban hacerse y una información general de cómo encuentra cada gobernador su respectiva provincia en orden a la crisis de trabajo.
Esto demuestra que cualquiera que sea el grado de incompetencia de los gobernadores, ninguno sentirá sonrojo de esta falta de preparación, que la sensación que da el Gobierno al encargarles de esta misión es demasiado grande para que no quede por bajo la de cualquiera de ellos.
El poder estadístico evitaría que un ministerio se lance a hacer declaraciones reveladoras de su desconocimiento sobre número de parados y posibilidades de su remedio, que no pueden estar contrastadas de manera inmediata y exacta por los estados comparativos que arrojen las estadísticas.
No soy yo quien reconoce la necesidad y la utilidad de la estadística; es el actual ministro de Trabajo también el que se ha lamentado de que éstas no existan.
Sin embargo, esta dificultad no le ha impedido asegurar que él resolverá el problema del paro, y, como su jefe, sigue lanzando el latiguillo de que sacará dinero de dónde lo haya. Esa fanfarronada quedará pronto desmentida por los hechos. Además, que no constituye gran mérito, ni en el Sr. Gil Robles ni en el Sr. Salmón, saber dónde está el dinero, que de seguro no estará entre los 800.000 parados ni entre las modestas clases medias que están mendigando destinos, sino entre los terratenientes y entre los accionistas de las compañías, a quienes con su política están favoreciendo.
Aunque en nuestro país es posible una atenuación muy considerable de la crisis de trabajo, el problema del paro no tendrá remedio en este régimen; pero mucho menos ha de tenerlo con la situación política que actualmente impera en España, a no ser que la idea de la resolución de las crisis de trabajo esté compendiada en los propósitos del ministro de Obras Públicas, señor Marraco, que cree precisa una reducción de los jornales y que cada obrero se vaya a su respectiva localidad.
Con este criterio tan peregrino, si lo transmite a los demás compañeros de gabinete, ya se comprenderá que ni se remediaría el paro obrero ni ninguno de los problemas que éste lleva consigo, sino que lo que produciría de manera inmediata sería muchos conflictos.
Verdaderamente que el poder estadístico hubiera ahorrado a nuestros ministros hacer unas declaraciones que revelan la necesidad de que se mejore la dirección del país, y la desgracia al mismo tiempo de una nación que tiene que soportar tales gobernantes, y que de este descrédito no les salva ni las declaraciones hechas por el señor Salmón, el que atribuye el retraso de la solución del paro nada menos que a los socialistas, cuando ahora en el Parlamento no sólo falta la oposición de éstos, sino que se encuentran a sus anchas y sin que haya nadie que les limite el estrago de sus resoluciones.
Notas:
*Primer artículo de una serie de cinco, publicados en el diario La Libertad, dedicados a analizar el problema del desempleo en Madrid. Los otros cuatro escritos que completan la serie se hallan en el apartado dedicado a Edmundo Domínguez Aragonés de la web www.memoriadehierro.e
