Viene preocupando la escasez de viviendas a todas las colectividades y gobiernos, de una manera continua, desde hace bastante tiempo, pero especialmente después del año 1914, que es cuando ya comenzó a sentirse la escasez. A partir de esta fecha y como consecuencia de la guerra, todas las actividades se dedicaron al suministro de elementos de combate, siendo la de la edificación una de las industrias que más sintió la crisis, pues se dejó de construir en una proporción considerabilísima, tanto en los países en lucha como en los neutrales, aunque menos en éstos que en aquéllos.
Que el problema ha llegado a adquirir proporciones verdaderamente inquietantes nadie lo puede poner en duda, pues al cerebro más obtuso no escapará la gravedad de la situación, ya que el malestar es general.
En España y principalmente de los puntos que conocemos, Madrid, la escasez de viviendas es verdaderamente aterradora, existiendo un hacinamiento de habitantes que influye enormemente en la morbilidad del vecindario y que ha dado motivo a que eminentes profesores médicos se hayan ocupado y se ocupen de la gravedad que supone esta anómala situación.
Se ha querido —sin duda con buena fe— acometer la solución del problema con la legislación sobre casas baratas; pero es lo cierto que, debido a los inconvenientes que supone y los escasos resultados prácticos que se obtienen, no ha contribuido —a nuestro modesto juicio— a resolver tan magno problema sino en una muy pequeña proporción, pues la clase trabajadora en su mayoría no ha obtenido beneficios de esa legislación, y en cuanto a la llamada clase media, solamente los empleados que gozan de un sueldo crecido —salvo excepciones— han podido obtener algún resultado práctico de aquélla.
Consideramos que la legislación sobre casas baratas es una parte —importante si se quiere, pero no principal— de los medios a emplear para resolver la crisis de la edificación y, por tanto, de la vivienda.
Debe ayudarse por el Estado a la edificación de casas verdaderamente económicas, para que los beneficios alcancen principalmente a las familias numerosas, sobre todo a las que tengan muchos hijos, pero a las que sus ingresos no permitan emplear más de un diez por ciento de sus ingresos totales en el alquiler de la vivienda.
Debiérase auxiliar a las cooperativas formadas por obreros o empleados modestos, siempre que estas cooperativas sean verdaderamente tales y sus beneficios alcancen solamente a las clases menesterosas.
La crisis de la vivienda alcanza límites más extensos y más hondos y, por tanto, se requieren medidas más radicales, al objeto de poner un freno eficaz a la codicia de los propietarios de terrenos y a todos aquellos que, por su carácter de intermediarios inútiles, vienen a agravar más aún las crisis de la habitación.
Siempre fue la clase trabajadora partidaria de ir a la adopción de medidas radicales en contra de los capitalistas, pues sabemos que es una crisis del régimen capitalista vigente que, tanto en España como en todos los países, no tiene soluciones para resolver los problemas que agobian a la humanidad.
No obstante este nuestro criterio, creemos que adoptando sabias y enérgicas medidas de gobierno —no entendemos la energía del poder como hasta ahora se ha interpretado— podría aliviarse la situación.
Porque ha sido ese —y es— nuestro criterio, acudimos a la Conferencia Nacional de la Edificación y hemos aportado nuestro concurso siempre que ha sido requerido para trabajar en bien de la comunidad.
Por lo que a Madrid se refiere, la Federación Local de Obreros de la Edificación está interviniendo constantemente con sus propuestas para resolver —en la parte que hoy es posible— la situación actual.
Nosotros creemos que para mitigar los efectos de la crisis de trabajo y de la vivienda se pueden adoptar medidas tales como la construcción de todos los edificios públicos, municipales y del Estado que se precisan para instalar debidamente los servicios, dejando libres las casas actualmente alquiladas para esos menesteres, para instalarse en ellas el vecindario.
Debe municipalizarse y urbanizarse el extrarradio de Madrid, incluyendo en él a todos los pueblos limítrofes, teniendo líneas fáciles de comunicación para impulsar la edificación y facilitar así la población de estos barrios extremos.
Con la municipalización del extrarradio de Madrid tienen un amplio campo para la adopción de medidas encaminadas a acometer el problema con toda la decisión el Estado, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento.
Impuestos progresivos sobre los solares sin edificar, impuestos sobre todas las rentas de la tierra que no provengan directamente del esfuerzo del trabajo, facilidades a todos aquellos particulares que tengan proyectos de beneficio para la población y otras muchas medidas que, sabiamente aplicadas, llenarán el cometido que se precisa.
En las grandes poblaciones puede y debe procurarse la reintegración de todos los obreros rurales a sus puntos de procedencia, facilitándoles, como es lógico, tanto los medios para trasladarse como la seguridad de las subsistencias de sus familias.
Es muy grave para la vida del país que los obreros del campo tengan que emigrar a causa de la miseria y del abandono en que se encuentran, pues además de que con ello se infiere un grave daño a la riqueza agrícola, la perturbación que produce la aglomeración en las grandes ciudades es grandísima, ya que viene acompañada siempre de un estado de miseria y de ruina que siembran el dolor y la muerte en la clase proletaria.
En Madrid hay actualmente muchos obreros parados. No tenemos estadísticas de paro —otra de las cosas de que se carece en nuestro país—, y, por ello, no podemos fijar exactamente el número; pero éste es crecidísimo, siendo ello debido a que a la falta de viviendas que trae la crisis de trabajo se añade el aumento constante de elementos forasteros que huyen de sus pueblos porque se mueren de necesidad, circunstancias que hacen que la crisis tenga proporciones aterradoras para los trabajadores madrileños.
Es, pues, indispensable una preferente atención del Poder público si no se quiere que España sea, a no tardar, un país donde solo puedan habitar los que tengan obligaciones del Tesoro, títulos de la Deuda y acciones de las grandes empresas.
