No hay una sola ley de amparo del campesino que se cumpla. El terror manda en los pueblos. Los jornales de seis reales están al orden del día. Esa es la política gubernamental. La España campesina ha vuelto a sufrir el hambre, la vejación y las persecuciones de los peores tiempos. Los patronos de Priego ofrecen salarios de una peseta cincuenta céntimos. No dan más. Suponemos al Gobierno bien enterado de lo que pasa. Pero este Gobierno, que busca la única colaboración siniestra que le faltaba, la del verdugo, no quiere saber nada de justicia social. La merienda de negros que es hoy el Poder público ha de tener, fatalmente, como contrapartida la indigencia y la esclavización de las masas proletarias. A tanto han llegado las cosas que ya no se atreve el señor Martínez Barrio, republicano de derecha, a pedir justicia para los asalariados y pide compasión. Así interpretamos nosotros aquella parte de su discurso en que alude a los obreros. Compasión y generosidad solicita para los trabajadores el ex ministro sevillano. En otro país no parecería demasiado reclamar justicia. Aquí sí. En virtud de la política que en el campo sigue el Gobierno, y que responde a su concepción de la República, los obreros, en muchos pueblos, piden limosna. E inspiran, claro está, la compasión que a su paso engendra el mendigo.
El señor Lerroux y sus amigos pueden jactarse, cuando el país lo expulse del Poder, que será pronto, de haber asistido al frente del Estado al máximo drama de la miseria campesina. En los pueblos de España comen hierba familias enteras, mendigan en masa, se desprenden de sus hijos, que entregan a las autoridades. Esta es la tragedia viva y escalofriante del país en la era de Lerroux. Sin embargo, el Gobierno no parece enterarse. Para remediar el hambre se le ocurre, entre otras cosas semejantes, resucitar la pena de muerte.
Porque no pretenderá el Gobierno engañar a nadie. La pena de muerte se establece para intimidar a los hambrientos. Cuatro atracadores profesionales plantean solamente un problema de policía. Capturadas las bandas de malhechores vulgares, se crea una ejemplaridad más fuerte que la de ninguna pena. Pero el Gobierno quiere aparentar fortaleza. Quiere sembrar el terror. Con la horca aspira a despertar el instinto de conservación de los revolucionarios.
Naturalmente, los revolucionarios, que hoy nos conducimos con lenguaje más moderado que el señor Lerroux en sus tiempos de agitación, no nos sentimos cohibidos por la pena de muerte. Los hambrientos, elementos subversivos cuando existen grandes masas, tampoco. En relación con los atracadores, sólo diremos que en pie la horca durante la monarquía, hubo periodos de más extensa e intensa criminalidad que el presente.
Lo que le pasa al Gobierno es que tiene un miedo terrible a sí mismo. Se conoce bien y sabe que es un Gabinete de arbitrariedades e injusticias. Una barbaridad la arregla con otra. Tiene al país enfrente y echa mano de los recursos de la desesperación.
Aunque haya quién no lo crea, la pena de muerte está íntimamente relacionada, por las causas de su reaparición, con los jornales de seis reales en el campo.
Notas:
1 Artículo publicado sin firma. Fue publicado conjuntamente con el que aparece a continuación. La autoría fue atribuida a Anastasio de Gracia por el redactor jefe de El Socialista, Manuel Albar, en su declaración recogida en la instrucción de la causa abierta por denuncia del Ministerio Fiscal, al considerar que en el texto periodístico se cometía un delito de «injurias a ministros de la República». El propio Anastasio de Gracia confirma ante el juez instructor la veracidad de lo declarado por Albar y se confiesa autor del artículo según consta en el expediente del AHN, FC-Tribunal Supremo Recursos, 120, exp. 213. Al igual que en los artículos precedentes, existen dudas razonables de quién fue su autor, debido a la estrategia seguida por el Partido Socialista para evitar que los redactores de su periódico acabaran en prisión. En su declaración, Albar afirma que las cuartillas originales suministradas por el articulista son destruidas una vez hecha la tirada del periódico, por lo que es imposible comprobar quién lo escribió. Del mismo modo que en los casos anteriores, el Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio a las Cortes para encausar a Anastasio, que no le fue concedido.
