El ministro de la Gobernación está entregado plenamente, como el resto del Gobierno, a Acción Popular. Ni la más elemental discreción republicana le aconseja el menor recato. Y eso que Acción Popular no ha osado aceptar la República ¿Qué sería —preguntémonos— si Gil Robles se hubiera declarado republicano? Pero no sólo se ha negado el jefe de Acción Popular a aceptar el régimen, sino que, como denunció el señor Maura y sabe todo el mundo, Gil Robles ha ido a Fontainebleau, sin duda porque tenía que hacer algo allí. Ha ido a Fontainebleau y ha alternado la visita a Alfonso XIII con el consejo, en días de crisis, al presidente de la República. Es decir, que Acción Popular asidua a los ideales monárquicos, recibe trato en la República de partido afecto al régimen. Cuanto desea le es concedido, porque gobierna sin la responsabilidad directa del ejercicio del Poder. Y ahí está un Gobierno, o lo que sea, al servicio de la monarquía, desviviéndose por ejecutar los anhelos de Gil Robles.
Situación más precaria para la República sólo se concibe bajo una dictadura sin embozos. Poco nos separa de ella, acaso nada. Meses y meses rige el estado de alarma. La prensa obrera, salvo raras excepciones, no ve la luz. Ser republicano o socialista es delito. Impera la fuerza bruta en las Cortes, de donde se saca todo lo que daña al país con la violencia por norma, sin oír ni atender a una razón o un lamento. En la calle, la fuerza armada, como en pueblo sitiado, es testimonio de la falta de autoridad en el Poder. Pena de muerte a la vista. Se gobierna contra una nación que licenció a las viejas castas y no transige con las antiguas conscupiscencias. No habrá paz ni sosiego mientras la República esté en manos que la desvirtúan y la entregan al enemigo. Menguada situación la de un Ministerio que no puede vivir sin ampararse en los recursos extremos que le ofrece la ley de Orden Público.
¿Qué quiere decir eso sino que se lleva a España por derroteros que el país recusa? Tan cierto es lo que expresamos, que el Poder público no cuenta hoy con otras asistencias que las monárquicas y se apoya a medias en las fuerzas que paga el Estado. De hálito popular, de calor ciudadano, de aliento nacional, no se hable. Aislado, contra todos los partidos que dieron vida al régimen, el Gobierno es un equipo de hombres sin autoridad, sometidos a férulas extrañas, obedientes y sumisos a los mandatos de quienes no han de agradecer siquiera tanta claudicación.
Repitámoslo: ¿Qué ocurriría si Gil Robles hubiera aceptado la República? Por lo que el Gobierno hace atendiendo órdenes de una Acción Popular monárquica, infiérase lo que haría si este partido hubiera ingresado en el régimen. Ahora mismo autoriza el ministro de Gobernación el desfile fascista de El Escorial. Oficialmente, la Juventud de Acción Popular ha dado a conocer sus milicias, con reseña detallada del uniforme que usan y con explicación de sus propósitos, que son los de abolir la política, según dicen ellos ¿Cómo es posible que en el Estado republicano se clausuren los locales de la Juventudes Socialistas y se suspenda su prensa, y funcione sin trabas la Juventud de Acción Popular? ¿Son lícitos en la República desfiles como el anunciado por la JAP, cuyos precedentes en otros regímenes democráticos los señalan como un peligro serio, no sólo para la convivencia ciudadana, sino para el Estado constitucional? En pocas palabras; ningún Gobierno republicano se permitiría incubar el fascismo, ni apoyarle, ni defenderle contra fuerzas republicanas.
Sin embargo, Salazar Alonso, que da la medida del Gobierno que sufre España, ampara a las Juventudes de Acción Popular ¿Conoce el ministro de Gobernación el programa y los propósitos de esos cuadros políticos? ¡Pues no ha de conocerlos! Lo que ocurre es que gobierna Gil Robles. Y si en las Cortes se desdeña la Constitución, en la calle bien pueden desfilar uniformados los jóvenes de Acción Popular.
Notas:
1 Artículo publicado sin firma. La autoría fue atribuida a Anastasio de Gracia por el redactor jefe de El Socialista, Manuel Albar, en su declaración recogida en la instrucción de la causa abierta por denuncia del Ministerio Fiscal, al considerar que en el texto periodístico se cometía un delito de «injurias al Gobierno de la República y a la autoridad». El propio Anastasio de Gracia confirma ante el juez instructor la veracidad de lo declarado por Albar y se confiesa autor del artículo según consta en el expediente del AHN, FC-Tribunal Supremo Recursos, 99, exp. 238. Al igual que en los artículos precedentes, existen dudas razonables de quién fue su autor, debido a la estrategia seguida por el Partido Socialista para evitar que los redactores de su periódico acabaran en prisión. Del mismo modo que en los casos anteriores, el Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio a las Cortes para encausar a Anastasio, que no le fue concedido.
