Ya en nuestro número del domingo publicamos un telegrama del alcalde de Manzanares en el cual desmentía las fantásticas noticias lanzadas, primero, por el Poncio leurroxista de Ciudad Real, señor Rodríguez León, divulgadas seguidamente, como si todo ello obedeciera a una consigna, por el señor Rico Avello, desde el ministerio de Gobernación.
Aunque con el citado telegrama creemos haber dejado las cosas en su lugar, no estará de más agregar algunos detalles para poner de relieve la falta de escrúpulos del señor Rodríguez León, único inventor de la farsa según la cual en el Ayuntamiento de Manzanares había sido izada la bandera roja en la noche del 1º del actual. ¿Qué se proponía el señor Rodríguez León con su maniobra? Indudablemente, hallar un pretexto en que fundamentar después un día de luto y sangre entre el vecindario de Manzanares.
Ayer por la mañana llegó a Madrid una comisión del Ayuntamiento de Manzanares, constituida por nuestros camaradas Eugenio Cobos, alcalde socialista; Pedro Gallego Sánchez Gil, primer teniente de alcalde socialista y gestor de la Diputación, quien en aquellos momentos desempeñaba el cargo de alcalde interino, y don Francisco Fernández de Simón, teniente de alcalde radical socialista. Los tres representantes del municipio de Manzanares han expuesto al secretario de nuestro Partido, camarada De Francisco, un sucinto relato de todo lo acaecido, y que nosotros vamos a extractar a continuación:
Las fuerzas de asalto y de la guardia civil llegaron a Manzanares a las diez y media de la noche, situándose en los puntos estratégicos de la población. Las autoridades locales (alcalde en propiedad y el interino) ignoraban la llegada de dichas fuerzas, pues el Poncio no había cumplido con el deber de anunciarles nada. En cambio, estaban esperándolas destacados elementos del Partido Radical, de Acción Popular y otros representantes cavernícolas, los cuales se encargaron de establecer los lugares desde los cuales debían hacer guardia y empezar sus maniobras para amedrentar a los pacíficos habitantes del pueblo, sorprendidos e indignados por tales amenazas. Distinguiéronse en esos primeros trabajos, como si fueran delatores consumados, don Manuel Juan y don Juan Francisco R. Sanromá.
Distribuidas las fuerzas y dadas las consignas para los manejos provocadores, a las cuatro y media de la mañana del día 2 empezaron los cacheos y registros domiciliarios siendo el primero el efectuado, en casa de don Rafael Lobera, presidente de la Juventud Republicanosocialista. Dos horas después, sin previo aviso tampoco, era invadido el hogar del alcalde accidental, Pedro Gallego quien en realidad venía actuando legalmente de alcalde efectivo.
Conviene hacer constar —insisten nuestros informantes— que no se había alterado el orden antes, durante ni aun después de la llegada de las fuerzas de asalto y guardia civil. No obstante la minuciosidad con que se realizaron los registros y cacheos, no fue posible hallar arma alguna.
Otro aspecto indignante de estos atropellos es que las fuerzas llegadas a Manzanares se pusieron a las órdenes de un agente de policía reaccionario y jesuita, que hasta hacía pocos días se hallaba en situación de excedente, y de la cual debe haberle sacado el gobernador para emplearlo en su burda maniobra. Dicho agente de policía se llama Belarmino Barbero Martínez, personaje cuya actividad policiaca le permite actuar al mismo tiempo como secretario del Comité local del partido radical. Y por si ambos cargos no fueran bastantes, dirige o regenta un establecimiento privado de segunda enseñanza, actualmente sin muchos alumnos, desde que la República creó en Manzanares un Instituto de Segunda enseñanza. ¡Este «enchufista» por partida triple es el árbitro hoy de la situación en Manzanares!
Los guardias de asalto y los civiles que realizaban los cacheos iban acompañados, naturalmente, por los cabecillas locales del partido radical.
Lo absurdo es que el gobernador, para justificar su telegrama alarmista y falso al ministro, dijo a éste que el jefe de policía de Manzanares era quien le había comunicado haber sido izada en el Ayuntamiento la bandera roja, patraña que divulgaron inmediatamente el ministro de la Gobernación y la radio. Pero lo que no se ha dicho es que, para poder salir con éxito de su farsa, el gobernador dio orden al policía en efectivo, a don Silvano Castro, de que fuera a Alcázar de San Juan a realizar determinadas gestiones. De ese modo, dejando en el pueblo al policía excedente y jesuita, conservaba bajo su mando a un cómplice excelente y alejaba a un subordinado que tal vez hubiera andado remiso en prestarse a semejantes atropellos.
Tales son, resumidos, los hechos ocurridos en Manzanares. La Comisión antes citada, que ha venido a Madrid en nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, se propone visitar al ministro de la Gobernación y pedirle la destitución del gobernador y que se exijan las debidas responsabilidades.
Por nuestra parte, digamos a los camaradas de Manzanares que no pongan ninguna esperanza en que el actual Gobierno atienda sus justas reclamaciones. La pasada lucha electoral le ha llenado de tanto lodo, de tanta ignonimia, que no hay Jordán capaz de lavar a los señores que usurpan hoy la gobernación de España. Carecen, pues de fuerza moral.
Y, para terminar, bueno será declaremos que no creemos ajeno a don Miguel Maura de lo acaecido en Manzanares. Se preparaba una represión sangrienta a nuestros compañeros de la que el jefe local de los conservadores, don Máximo González, habló extensamente con su jefe político. Los elementos de Acción popular y los radicales estaban dispuestos a que corriera la sangre. Consultaron con don Máximo González, y éste respondió que expondría esos propósitos a su jefe, como lo hizo, rogando a éste diera su opinión y su conformidad directamente al gobernador…
¿A qué si no la conversación telefónica celebrada previamente entre los señores Maura y Rodríguez León?
Nada más por hoy.
Notas:
1 Artículo publicado sin firma. La autoría fue atribuida a Anastasio de Gracia por el director de El Socialista, Julián Zugazagoitia, en su declaración recogida en la instrucción de la causa abierta por denuncia del Ministerio Fiscal, al considerar que en el texto periodístico se cometía un delito de «injurias a ministros de la República». El propio Anastasio de Gracia confirma ante el juez instructor la veracidad de lo declarado por Zugazagoitia y se confiesa autor del artículo según consta en el expediente del AHN, FC-Tribunal Supremo Recursos, 94, exp. 7. Sin embargo, a pesar de esta asunción de la responsabilidad por parte de Anastasio, existen dudas razonables de que fuese él el autor, pues durante el «bienio negro» se formularon numerosas querellas contra el diario El Socialista y, según el relato de Santiago Carrillo, la estrategia para evitar que los redactores fueran a la cárcel era que los diputados socialistas, que gozaban de la protección de ser aforados, asumiesen la autoría de lo publicado. El Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio a las Cortes para procesar a Anastasio de Gracia, pero no le fue concedido.
