La sesión de Cortes de ayer fue sobremanera escandalosa. Sirvió para que Alba, comencemos por el presidente, demostrase su parcialidad acudiendo a llamar la atención a la minoría socialista, siendo así que el escándalo estaba en los bancos radicales, de los que es tradicional que esté ausente la corrección. Alba protegió a los suyos. Pero hizo demasiado visible esa protección para que nos callemos el reproche. Aparte este desenfado presidencial, en la sesión ocurrieron demasiadas cosas. Dos de las más gordas estuvieron a cargo del ministro de Justicia, quien no supo o no pudo disimular, como le exigía su puesto en el banco azul, sus afinidades y diferencias. Acosado por nuestro compañero Prieto, que defendió la conveniencia de que la amnistía se haga extensiva a los condenados por la intentona anarcosindicalista de diciembre, el ministro de Justicia se consideró obligado a defender a los que intervinieron en la insurrección del 10 de agosto, archirazonada a juicio del ministro. Esto es: que al ministro de Justicia del Gobierno del señor Lerroux no se le ocurre cosa mejor, para propugnar por la amnistía elaborada por el Gobierno, que cantar los méritos y virtudes de la sublevación militar. Fuerte es la cosa; pero aún nos estaba reservada la mayor sorpresa. Ese mismo ministro, al que otro Gobierno que no fuera el actual le hubiera exigido de modo apremiante la dimisión, se creyó en el caso de encararse con el intento revolucionario de diciembre de 1930, en el que participó el jefe del Estado y en el que perdieron sus vidas, Galán y García Hernández, y condenarlo de la manera más rotunda y categórica. Y lo que es todavía más sorprendente: la minoría radical, salvo contadas excepciones, se levantó en bloque para aplaudir al ministro de Justicia. Jamás hemos pasado momento de mayor bochorno. Nos abochornábamos por quienes no son capaces de abochornarse; nos avergonzábamos por los radicales, que en un alarde de impudicia mostraban todas sus vergüenzas a las derechas, también vamos a decir la verdad, un poco abochornadas por la conducta de los radicales. Y a todo esto, siguiendo su costumbre, el jefe del Gobierno, de paseo.
Lo del señor Álvarez Valdés está absolutamente claro: dijo lo que sentía. No es que la necesidad polémica le llevase a falsear su pensamiento. Lo descubrió tal y como ese pensamiento es: antirrepublicano, monárquico. Y como si ese hecho fuese acreedor de cosa distinta que de una dimisión fulminante, los radicales se dedicaron a aplaudirlo con idéntico frenesí que hubieran podido aplaudir un discurso del señor Lerroux. De tal calibre resultó la cosa, que la propia minoría maurista se creyó en el caso de ponerse en pie a aplaudir a nuestro camarada Prieto, impugnador del ministro. Hemos empezado por decir que la sesión fue escandalosa. No por los gritos que se cruzaran de unos a otros bancos; no por las intervenciones desgraciadas del señor Guerra del Río, al que cabe aconsejarle continencia en sus usos; no por la torpeza y parcialidad de Alba… Escandalosa porque, por primera vez en el recinto parlamentario y desde el banco azul, se ha hecho, entre los aplausos de los radicales, la apología de la insurrección monárquica del 10 de agosto y la condenación de aquella otra en que tomaron parte, dejando su vida en el trance, Galán y García Hernández. Bien. Bien. Bien. Ya hemos visto cuanto teníamos que ver. Hemos visto, para asombro de nuestros ojos, cómo el señor Álvarez Valdés defendía desde el banco azul la amnistía para un compañero suyo, del Consejo de Administración del Banco Hispano Americano, exportador de capitales… Terrible sesión de Cortes ayer. Los contados republicanos que asistieron a ella debieron sentir una vergüenza infinita. La sentían por ellos y por los radicales, que ayer hicieron boda con la abyección.
Notas:
1 Artículo publicado sin firma. La autoría fue atribuida a Anastasio de Gracia por el redactor jefe de El Socialista, Manuel Albar, en su declaración recogida en la instrucción de la causa abierta por denuncia del Ministerio Fiscal, que consideraba que el texto periodístico podía ser tipificado como un delito de «injurias al Gobierno de la República y a la autoridad», según el expediente del AHN, FC-Tribunal Supremo Recursos, 120, exp. 207. Al igual que en los artículos precedentes, existen dudas razonables de quién fue su autor, debido a la estrategia seguida por el Partido Socialista para evitar que los redactores de su periódico acabaran en prisión. En este caso, el Tribunal Supremo declara la causa sobreseída al amparo de la ley de Amnistía.
