El ministro de la Gobernación no puede resistir ya las acusaciones de pequeño Romero Robledo que se le dirigen de todos los puntos del país, y se dispone a justificar sus arbitrariedades ante la opinión. Mejor dicho: se dispone a cohonestarlas. Sabe Salazar Alonso que en poco tiempo ha conquistado fama lamentable, esto es, que la primera vez que defiende una cartera —¡y cómo la defiende!— se ha hecho tristemente famoso para la España que mira hacia adelante. Tanto desprestigio y desprecio comienza a preocuparle. En consecuencia, trata ahora, después de haber atropellado al proletariado y a los republicanos de borrar un poco de la imaginación de los españoles la huella a todas luces indeleble que deja su nefasta obra ministerial. Es una actitud muy comprensible en quien se despide y desea que no le siga en la vida privada o en la actividad modesta una estela de odio.
Pero Salazar Alonso pasará a la historia, por virtud de las circunstancias tristes de la política española —no por otra razón— como un personajillo que quiso congraciarse, sin conseguirlo, con las clases privilegiadas no habiendo renunciado a realizar ningún postulado reaccionario. A la historia se pasa fácilmente y por infinitos motivos. La desgracia de Salazar Alonso consiste en que no ha de dejar en la masa popular española el menor recuerdo grato. Todo lo contrario. Y por lo que atañe a la burguesía, a los sectores favorecidos por la fortuna, el actual ministro de la Gobernación será mañana —lo es ya hoy— el hombre mediocre, procedente de abajo —su padre era barbero—, que accede encantado, movido, más que por otras cosas, por la vanidad y la conveniencia material, efímera y pueril, a erigirse en defensor de los opresores. La conducta tradicional de éstos con sus servidores ajenos a los cuadros de la gran burguesía o de la aristocracia, ya la conocemos. Hecho el servicio, los despiden por la escalera interior.
A Salazar Alonso le estaba reservado como a la mayoría de los radicales, el papel de halagar a la España podrida. Esa España lo agradece de momento. Pone sus periódicos a disposición de los lerrouxistas. Silencia sus manejos. Pasa por la inmoralidad. Lo calla todo a cambio del favor político. ¿Qué les importa lo que pase en los ministerios si no queda un Ayuntamiento socialista ni el proletariado puede moverse? ¿Qué les importa el «affaire» del arroz y el maíz, ni tantos como se conocen, más claros o más oscuros, si abonan en el campo los jornales que les viene en gana, aumentan los precios de las subsistencias, dan trabajo a quien se les somete, desahucian a padres con ocho hijos y campan, en fin a sus anchas?
Salazar Alonso tiene conciencia de sus atropellos. Reconoce que se ha excedido y se está excediendo. Las mejores pruebas de esto las aporta él mismo. Desde que comenzó a tambalearse el Gobierno, precisamente porque la CEDA anuncia ya el puntapié que pronto dará a sus servidores los lerrouxistas, el ministro de la Gobernación intenta, respondiendo a sus acusadores, el socorrido truco de presentar con buenas apariencias sus malas acciones. No puedo resistir los reproches certeros e implacables de Largo Caballero, y contestó en los periódicos disculpándose. Todavía creyó que debía ampliar, documentándolas, aquellas declaraciones, y ahora vuelve sobre el tema para ver si puede demostrar que no es ilegal su interpretación de las leyes.
Desde que llegó al ministerio, no más tomar posesión del cargo, se ha dedicado a destituir Ayuntamientos. Los delegados gubernativos, como al advenir la dictadura, han sembrado el pánico en los pueblos. Los caciques son dueños otra vez del cotarro. En cambio, municipios regidos por radicales o cedistas no ha destituido ninguno el ministro. Y hay casos sangrientos, como el del alcalde de Huelva, señor Barrigón, radical, que tiene avergonzadas a las poblaciones.
Cree defenderse el señor Salazar Alonso culpando a los señores Maura y Casares Quiroga de haber removido a su antojo los Ayuntamientos con más arbitrariedad que ahora se hace. Mal procedimiento exculpatorio. Pero ni eso le vale. España sabe ya a que atenerse respecto de la política radical y personal del señor Salazar Alonso. Nada empeñará el juicio que nos merece a los españoles con pudor. Siga, pues, discutiendo, que será en vano. Con recordarle al ministro de Gobernación el trato que ha dado a su hermano, enviándole con dietas a Guinea, cuando debió aplicar la Ley de Vagos, se acaba el hombre. Sobre esto desearíamos que no hablara Salazar Alonso. Para lo demás carece de autoridad, y aun siendo ministro, ningún ciudadano consciente de sus fueros tolerará que Salazar Alonso le dirija con el sombrero encasquetado.
Notas:
1 Artículo publicado sin firma. La autoría fue atribuida a Anastasio de Gracia por el redactor jefe de El Socialista, Manuel Albar, en su declaración recogida en la instrucción de la causa abierta por denuncia del Ministerio Fiscal, al considerar que en el texto periodístico se cometía un delito de «injurias al Gobierno de la República y a la autoridad». El propio Anastasio de Gracia confirma ante el juez instructor la veracidad de lo declarado por Albar y se confiesa autor del artículo según consta en el expediente del AHN, FC-Tribunal Supremo Recursos, 110, exp. 320. Al igual que en los artículos precedentes, existen dudas razonables de quién fue su autor, debido a la estrategia seguida por el Partido Socialista para evitar que los redactores de su periódico acabaran en prisión. Del mismo modo que en los casos anteriores, el Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio a las Cortes para encausar a Anastasio, que no le fue concedido.
