Van pasando los días y no se resuelve la crisis de trabajo que con tanta intensidad sufre la clase trabajadora madrileña, y por si esto no fuera bastante, el número de parados ha aumentado como consecuencia de los despidos que se efectuaron a raíz del movimiento del 6 de octubre último.
¿Son justos estos despidos? No me propongo examinar en estas líneas ni la justicia ni la legalidad que puedan tener o no estos despidos, y porque, además, las circunstancias nos obligan a escribir teniendo en cuenta la existencia de la censura.
Han pasado nueve meses largos desde que los despidos se efectuaron, y todavía quedan en la calle todos los despedidos. Ni los patronos ni las empresas, ni mucho menos el Ayuntamiento de Madrid han readmitido a los obreros despedidos, que continúan sin ocupación y, por tanto, atravesando ellos y sus familias una situación verdaderamente crítica y angustiosa.
¿Sabe la opinión pública el número de obreros que fueron despedidos a raíz del movimiento de octubre y que continúan sin ocupación? Pues aproximadamente, los siguientes:
Ayuntamiento de Madrid, 900; servicio de tranvías, 550; empresas ferroviarias, 350; empresa del Metropolitano, 150; contrata de la limpieza del Metro, 51; empresas eléctricas (Unión Eléctrica, Cooperativa Electra, etc, etcétera), 400; fábrica del gas, 200; empresas de transportes, 500; dependientes de comercio, 1.000; industria hotelera (personal de hoteles, casinos, cafés, etc., etc.), 800; empresas periodísticas e imprentas, 1.000; empresas y patronos de industrias particulares y empleados de oficinas, etc., etc., 2.000.
Total, unos 8.000 obreros despedidos, entre los cuales se encuentran bastantes mujeres.
Esta cifra, verdaderamente elevada, si peca de algo es de corta, porque han sido muchísimas las represalias y despidos individuales de los que no tenemos conocimiento directo.
Este crecido número de personas sin ocupación, unido al que ya existe como consecuencia de la crisis de trabajo, suman un volumen verdaderamente numeroso, que, como consecuencia lógica, disminuyen su capacidad de consumo, y al no poder hacer compras extienden la crisis comercial que existe desde hace años en nuestra ciudad.
Pero, además, hemos de decir que al despedir este personal, excepto en el Ayuntamiento, se han beneficiado, personal e individualmente, los patronos y empresas, y de ese beneficio no ha participado el público; antes al contrario, ha salido perjudicado.
Nosotros denunciamos la conducta que están siguiendo las empresas de servicios públicos de Madrid, que han aplicado sanciones en masa; que han despedido a centenares de obreros que llevaban muchos años a su servicio, y que todo esto, además de producir un daño grande a los trabajadores despedidos y a sus familias, perjudica al público, pues es evidente que desde el mes de octubre hasta la fecha todas estas empresas tienen sus servicios más abandonados cada día.
Nosotros queremos llamar la atención del ministro de Trabajo para que intervenga en este asunto y obligue a las empresas a readmitir al personal despedido.
Madrid necesita que sus servicios estén normalizados, y estos servicios no se normalizarán en tanto esté el personal despedido, y tampoco se puede dar el espectáculo de ir trayendo a Madrid personal de otras provincias para ocupar las vacantes de los despedidos.
Es hora ya de que el ministerio de Trabajo intervenga en este asunto, porque cada día que pasa se está ahondando más la miseria que padece la clase trabajadora.
Las empresas madrileñas no deben seguir prolongando por más tiempo la actual situación, porque ello no es justo, pues de sobra se han cobrado ya con creces todos los trastornos y perjuicios que pudieran alegar haber tenido con motivo de la huelga.
